Las víctimas de un delito tienen derecho a que se les repare el daño cometido. Para ello se debe diferenciar entre el victimario y el Estado. El primero tiene responsabilidad por ser el autor de la violación de derechos, mientras que el segundo lo hará “como expresión de un compromiso político y humanitario con las víctimas del conflicto” (p. 801).
¿Qué sucede cuando el victimario es el Estado? La responsabilidad de reparar el daño es aun más grande.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos redactó un informe con recomendaciones para el gobierno. Un Ministro de la Corte concuerda en que se violaron derechos fundamentales durante el operativo. Las pruebas son contundentes, los daños están hechos y la responsabilidad del Estado es clara: debe a toda costa reparar los daños y tomar las medidas necesarias para que no se repita un hecho así. Independientemente de que los Ministros apoyen el proyecto de Gudiño, en vista de los tratados internacionales suscritos por México, el Estado está obligado a hacer algo.
La facultad de investigación de la SCJN no le permite determinar “responsabilidades ni las posibles reparaciones por violaciones a derechos fundamentales” (p.801). En cambio, la Secretaría de Seguridad Pública Federal puede directamente iniciar procesos que determinen responsabilidades y obligaciones de reparación. La CNDH la instó a hacerlo. ¿Dónde están los resultados? De acuerdo con este organismo, el Gobierno del Estado de México cumplió cabalmente con las recomendaciones. Ah. ¿Y los demás?
Para lo único que servirá el que se apruebe el proyecto del Ministro Gudiño será para crear presión sobre los involucrados en los crímenes de Atenco. Pero para crear presión es necesario que los medios de comunicación pongan el asunto en la agenda y que todos los mexicanos se enteren de lo que sucede con las autoridades encargadas de salvaguardar la integridad de las personas.
El nueve de febrero, fecha de inicio de la discusión del proyecto, será un día histórico por el simple hecho de que suceda. De no aprobarse el proyecto, probablemente quedará sepultado para siempre. La única manera de evitarlo es que la sociedad lo ponga en la mesa. Depende del interés que presten todos los mexicanos que la ley se haga cumplir.
Las televisoras estarán ocupadas intentando sortear las posibles sanciones que les impondrá el IFE por desobedecer la ley electoral. No parece descabellado o aventurado considerar que la calidad de un medio de comunicación se puede juzgar en coyunturas como ésta. Solo los que estén verdaderamente interesados en que prevalezca la justicia darán una amplia cobertura al evento.
Seguramente Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Yunes y Eduardo Medina Mora (entre cientos de otros funcionarios públicos que tuvieron injerencia en el caso) no sienten el peso de la ley sobre sus espaldas en este momento. No tiene por qué ser así.
**
Fuente: Versión pública del dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006.
¿Qué sucede cuando el victimario es el Estado? La responsabilidad de reparar el daño es aun más grande.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos redactó un informe con recomendaciones para el gobierno. Un Ministro de la Corte concuerda en que se violaron derechos fundamentales durante el operativo. Las pruebas son contundentes, los daños están hechos y la responsabilidad del Estado es clara: debe a toda costa reparar los daños y tomar las medidas necesarias para que no se repita un hecho así. Independientemente de que los Ministros apoyen el proyecto de Gudiño, en vista de los tratados internacionales suscritos por México, el Estado está obligado a hacer algo.
La facultad de investigación de la SCJN no le permite determinar “responsabilidades ni las posibles reparaciones por violaciones a derechos fundamentales” (p.801). En cambio, la Secretaría de Seguridad Pública Federal puede directamente iniciar procesos que determinen responsabilidades y obligaciones de reparación. La CNDH la instó a hacerlo. ¿Dónde están los resultados? De acuerdo con este organismo, el Gobierno del Estado de México cumplió cabalmente con las recomendaciones. Ah. ¿Y los demás?
Para lo único que servirá el que se apruebe el proyecto del Ministro Gudiño será para crear presión sobre los involucrados en los crímenes de Atenco. Pero para crear presión es necesario que los medios de comunicación pongan el asunto en la agenda y que todos los mexicanos se enteren de lo que sucede con las autoridades encargadas de salvaguardar la integridad de las personas.
El nueve de febrero, fecha de inicio de la discusión del proyecto, será un día histórico por el simple hecho de que suceda. De no aprobarse el proyecto, probablemente quedará sepultado para siempre. La única manera de evitarlo es que la sociedad lo ponga en la mesa. Depende del interés que presten todos los mexicanos que la ley se haga cumplir.
Las televisoras estarán ocupadas intentando sortear las posibles sanciones que les impondrá el IFE por desobedecer la ley electoral. No parece descabellado o aventurado considerar que la calidad de un medio de comunicación se puede juzgar en coyunturas como ésta. Solo los que estén verdaderamente interesados en que prevalezca la justicia darán una amplia cobertura al evento.
Seguramente Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Yunes y Eduardo Medina Mora (entre cientos de otros funcionarios públicos que tuvieron injerencia en el caso) no sienten el peso de la ley sobre sus espaldas en este momento. No tiene por qué ser así.
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Fuente: Versión pública del dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión designada en el expediente 3/2006.
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